El costo de los servicios públicos en el AMBA alcanzó en abril los $212.694 mensuales para un hogar promedio sin subsidios, con una leve baja de 0,4% respecto de marzo, pero con un salto interanual del 49%, muy por encima de la inflación del período.
Así lo señala el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios, que advierte sobre el creciente peso de la canasta en los ingresos y el cambio en la estructura de subsidios.
La baja mensual se explica principalmente por una fuerte caída en el gasto eléctrico (-22,5%), producto del menor consumo estacional. Ese descenso logró compensar los aumentos en gas y transporte, que continúan presionando al alza el gasto total de los hogares.
En detalle, el gas registró un incremento del 16% en la factura final por efecto combinado de mayores consumos y subas en el cargo fijo. El transporte, en tanto, volvió a subir 6,1% mensual, impulsado por la indexación del boleto en el área metropolitana y nuevos ajustes en las líneas interjurisdiccionales. El agua mostró una leve baja del 1,4%, en un esquema de aumentos mensuales regulados.
Más allá de la variación mensual, el dato estructural es el fuerte encarecimiento de los servicios frente a los ingresos. Desde diciembre de 2023, la canasta aumentó 667%, mientras que el índice de precios lo hizo en 223%. En términos interanuales, el transporte lidera con un alza del 76%, seguido por gas (36%) y electricidad (34%).
El impacto en los ingresos es directo: en abril, la canasta de servicios representó el 12,2% del salario promedio registrado, estimado en $1.784.997. En la práctica, un sueldo cubre hoy 8,4 canastas, cuando un año atrás alcanzaba para 9,8. El transporte explica por sí solo la mitad del gasto total.
En paralelo, el esquema de subsidios muestra cambios relevantes. Actualmente, los usuarios cubren en promedio el 61% del costo real de los servicios, mientras que el Estado financia el 39% restante.
La implementación del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) elevó la cobertura tarifaria desde el 52% en 2025, aunque en abril se redujo levemente por la reintroducción de subsidios al gas.
En cuanto al gasto público, los subsidios a energía y transporte crecieron 70% nominal interanual hasta abril, con comportamientos dispares: mientras los destinados a energía aumentaron con fuerza, impulsados por transferencias a CAMMESA y ENARSA, los del transporte registraron una caída real significativa.
A pesar de este repunte reciente, en perspectiva los subsidios siguen en niveles más bajos: son 60% inferiores a los de fines de 2023 y 73% menores al pico registrado en 2022. Sin embargo, su peso en el gasto público volvió a crecer y ya representa el 6% del total de erogaciones primarias.
El informe también advierte sobre el aumento de la deuda flotante del Estado, que en lo que va de 2026 suma casi $197.000 millones, principalmente por diferencias entre pagos y devengamientos en el sistema de transporte.
Con tarifas en alza, subsidios en transición y mayor presión sobre los ingresos, el esquema de servicios públicos entra en una nueva etapa donde el equilibrio entre precios, cobertura estatal y poder adquisitivo se vuelve cada vez más delicado.