El panorama económico provincial para 2027 se perfila en un delicado equilibrio entre la austeridad fiscal, la búsqueda de financiamiento externo y la necesidad de sostener la inversión en infraestructura clave. Según el reciente análisis elaborado por el consultor económico Dante Moreno (LEBAC), la administración provincial encabezada por Alfredo Cornejo estructuró su proyecto presupuestario alineándose a las pautas macroeconómicas fijadas por el Ejecutivo nacional, proyectando un crecimiento del PBI del 4,0%, una inflación interanual del 18,0% y un tipo de cambio oficial estimado en $1.847,4 por dólar. Bajo estas premisas, la provincia busca aminorar los efectos de un contexto caracterizado por la desaceleración productiva, los cuellos de botella en infraestructura y los riesgos asociados al perfil de endeudamiento.
El esquema financiero planteado para 2027 evidencia una clara estrategia de contención del gasto operativo. Mientras se anticipa que los recursos reales experimentarán un incremento del 48,2% respecto del año previo, las erogaciones reales crecerán solo un 34,4%, lo que permite contraer significativamente el déficit operativo. En términos consolidados, el presupuesto contempla ingresos totales por más de $8,36 billones frente a egresos por un monto superior a los $8,46 billones. Esta brecha arroja un resultado financiero negativo de $93.963 millones, una cifra que representa apenas el 1,12% de los ingresos proyectados y que implica una reducción drástica del déficit del 85,5% en comparación con el ejercicio 2026.
Al examinar la estructura de la recaudación, los ingresos corrientes representan la columna vertebral de las finanzas provinciales, superando los $7,80 billones. Algo más de la mitad de estos recursos (53,22%) proviene de transferencias nacionales, fundamentalmente a través del Régimen de Coparticipación Federal y financiamiento educativo. Por el lado de los recursos de origen provincial, el impuesto a los Ingresos Brutos se consolida como la principal fuente de ingresos tributarios propios, aportando el 81,82% de dicho segmento. En conjunto, la recaudación por tributos locales registraría una suba del 32,9%, situándose por encima de la pauta inflacionaria prevista por el Gobierno nacional.
En materia de erogaciones, el gasto corriente absorbe el 87,29% del presupuesto total. Casi la mitad de estas erogaciones se destina al pago de remuneraciones del personal estatal, mientras que las transferencias a los municipios ocupan el 15,22%. Asimismo, el servicio de la deuda exige la asignación de $155.075 millones para el pago de intereses y gastos, una cifra que registra un aumento del 42,4% en comparación con el ejercicio anterior y que permanece sensible a potenciales fluctuaciones cambiarias. En lo que respecta al empleo público, el proyecto proyecta una paulatina reducción en los cargos de la planta permanente (-2,94%) y temporaria (-2,08%), situando la relación en 35 agentes estatales por cada mil habitantes.
A pesar de las restricciones fiscales, la gestión provincial busca preservar el Plan de Inversión en Infraestructura Pública, cuyos recursos ascenderán a $835.862 millones. El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial concentrará cerca del 80% de estos fondos, destinados a obras estratégicas de movilidad y conectividad como el Tren de Cercanías del Este, la expansión de las Etapas III y IV del Metrotranvía y las obras sobre las rutas nacionales 7 y 40. Al evaluar la distribución institucional del gasto general, el sector educativo y de infancias lidera las asignaciones con el 24,3% de las erogaciones totales, seguido por el área de Salud y Deportes con un 20,5%. Por su parte, los poderes Legislativo y Judicial, junto con el Tribunal de Cuentas, continúan caracterizándose por una estructura rígida en la que más del 90% de sus partidas se orienta a cubrir gastos salariales.
Finalmente, la viabilidad del esquema presupuestario dependerá de la capacidad de Mendoza para resolver sus necesidades de financiamiento neto y la cobertura de los vencimientos de deuda. Al déficit financiero se le suma la amortización de la deuda consolidada por $201.626 millones, lo que eleva las necesidades totales de financiamiento a $295.589 millones. La provincia prevé cubrir este monto mediante operaciones con organismos multilaterales y la aplicación del mecanismo de roll-over contemplado en el articulado de la ley. Esta última herramienta no solo busca refinanciar los compromisos de capital correspondientes al periodo 2027-2029, sino que además habilita cupos para la búsqueda de financiamiento externo destinado a infraestructura energética y a un plan de desarrollo productivo. El informe concluye que, si bien la administración provincial realiza un esfuerzo por ajustar el gasto y priorizar la inversión, la dependencia del crédito y las metas de equilibrio impuestas desde la Nación mantienen a la economía mendocina en un escenario de latente vulnerabilidad financiera frente a los riesgos de recesión económica.
