A su vez, los casos más avanzados se reducen a un puñado, como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur o el proyecto de GNL de Southern Energy en Río Negro, ambos con el inicio de sus operaciones previsto recién para fines de 2026.
Por otro lado, desde el Gobierno proyectan una generación total de 196.663 empleos directos e indirectos como resultado tanto de la construcción de la infraestructura como del posterior funcionamiento de estos emprendimientos.
Sin embargo, se trata de proyecciones autodeclaradas por las propias empresas y no de puestos efectivamente creados. A dos años del lanzamiento del régimen, no existe un dato oficial consolidado sobre el empleo real generado por el RIGI.
Además, al separar la etapa de construcción de la fase de operación, el número se reduce considerablemente, ya que, una vez terminadas las obras, el empleo permanente sería de apenas unos 8.200 puestos directos en todo el país, según estimaciones del Observatorio del RIGI (UNSAM-CONICET), debido al carácter intensivo en capital de estas actividades.
De hecho, los pocos datos que hoy pueden medirse muestran una dinámica adversa, ya que petróleo y minería, los dos sectores estrella del régimen, tienen actualmente menos empleo formal que en noviembre de 2023, con una pérdida de más de 8.700 puestos, según estimaciones de Fundar sobre datos oficiales.
El riesgo de crecer sin derrame sobre la economía real
El interrogante cobra relevancia porque el régimen no constituye solamente una política de promoción de inversiones, sino que puede terminar modificando la propia estructura productiva argentina. Para Ernesto O’Connor, consultor de política económica, el RIGI es una de las principales medidas económicas del Gobierno y forma parte de la búsqueda de un nuevo modelo exportador después de décadas atravesadas por restricciones externas y escasez recurrente de dólares.
En ese proceso, energía y minería ganan protagonismo como sectores capaces de generar divisas de manera estructural, con una mayor inserción de Argentina en cadenas globales vinculadas al petróleo, el gas y los minerales críticos. Sin embargo, esa orientación tampoco resulta neutral, ya que priorizar sectores intensivos en recursos naturales y capital puede impulsar las exportaciones sin necesariamente generar, en la misma proporción, empleo, proveedores o actividad industrial en el resto del territorio.
Ese es justamente el riesgo detrás de la creación de posibles economías de enclave: polos productivos altamente competitivos, integrados al comercio internacional y capaces de generar grandes volúmenes de divisas, pero con conexiones relativamente débiles con el entramado económico que los rodea.
El problema no sería entonces que Vaca Muerta, el cobre o el litio crezcan, sino que ese crecimiento ocurra sin traducirse en una expansión equivalente de proveedores nacionales, salarios, empleo formal y consumo.
Un mapa que se concentra en cinco provincias
La geografía del RIGI ya muestra esa concentración. Más del 95% de las inversiones se ubica en Neuquén, San Juan, Río Negro, Catamarca y Salta, mientras aproximadamente el 97% del monto aprobado corresponde a proyectos vinculados con petróleo, gas y minería.
Entre las iniciativas de mayor tamaño aparecen el proyecto de GNL de Southern Energy en Río Negro, por u$s6.878 millones, el desarrollo de cobre Los Azules, en San Juan, y el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, estos últimos con inversiones superiores a los u$s2.400 millones. A ellos se suma Vicuña, señalado como uno de los mayores desarrollos mineros proyectados en el país.
Sin embargo, el tamaño de la inversión no necesariamente anticipa su capacidad de generar empleo. Proyectos significativamente menores, como la Terminal Timbúes en Santa Fe, por u$s277 millones, pueden proyectar una cantidad de puestos relativamente elevada debido a una mayor vinculación con actividades industriales, logísticas y de servicios.
Desde EconSur, los economistas Joaquín Palma Hernández y Lucas Damián Lecano señalaron que el riesgo de enclave responde, en parte, a la elevada intensidad de capital de petróleo y minería y a que el régimen no establece exigencias generales de utilización de insumos, tecnología o empleo local. A eso se suma que el RIGI facilita la importación de bienes de capital necesarios para ejecutar los proyectos.
O’Connor agregó otro riesgo de más largo plazo: si las exportaciones energéticas y mineras aumentan significativamente, la entrada estructural de divisas podría generar una apreciación del tipo de cambio real, encareciendo relativamente a otros sectores transables. Es el mecanismo conocido como “enfermedad holandesa”, mediante el cual el auge de recursos naturales termina desplazando capital y trabajo desde actividades menos competitivas.
La transformación también podría tener consecuencias territoriales. Los nuevos polos de empleo se ubican, en gran parte, lejos de los mayores centros poblacionales del país, por lo que una expansión sostenida podría impulsar movimientos desde el área central y el conurbano hacia Patagonia o las provincias cordilleranas.
Sin embargo, para que ese traslado se convierta en arraigo permanente no alcanza con ofrecer salarios elevados, también hacen falta vivienda, infraestructura, escuelas, servicios y condiciones para que se muden familias completas.
Del papel al derrame, un trecho todavía sin recorrer
De todos modos, todavía resulta temprano para medir el impacto definitivo del RIGI, ya que buena parte de los proyectos permanece en etapas de aprobación, ingeniería o construcción. En minería, por ejemplo, hacia abril se había ejecutado alrededor del 11% de los compromisos, todavía lejos del requisito de completar al menos el 40% durante los primeros dos años.
Por eso, el efecto inicial debería observarse primero en construcción, transporte, ingeniería y servicios asociados, antes de trasladarse plenamente a la fase productiva.
Esa diferencia de etapas también resulta clave para analizar el empleo. Mientras la construcción de las iniciativas aprobadas podría demandar más de 15.000 trabajadores directos, una vez que los proyectos entren en operación ese número caería a unos 8.200, debido a que petróleo, gas y minería son actividades intensivas en capital y relativamente poco intensivas en trabajo.
En ese punto, tanto EconSur como O’Connor coinciden en que todavía es prematuro juzgar al régimen exclusivamente por los puestos creados hasta ahora, aunque O’Connor advierte que esas proyecciones deben ponerse en perspectiva frente a la pérdida de empleo registrada en otros segmentos del sector privado.
Sin embargo, las primeras señales entre los proveedores muestran que el derrame tampoco está garantizado. Según ADIMRA, durante julio la actividad de las empresas metalúrgicas vinculadas a la minería cayó 6,4% interanual, mientras que entre las proveedoras de petróleo y gas retrocedió 4,4%.
Los datos no permiten atribuir esas bajas al RIGI: desde EconSur remarcan que las inversiones todavía son incipientes y que buena parte del crecimiento reciente responde a proyectos iniciados previamente, por lo que separar el efecto propio del régimen será uno de los desafíos de los próximos años.
Aun así, el desempeño vuelve a poner el foco sobre los encadenamientos productivos. Al respecto, O’Connor señala que varios de los nuevos desarrollos llegan acompañados por tecnología y proveedores internacionales, mientras EconSur advierte que las pymes argentinas enfrentan desventajas de financiamiento, escala y carga tributaria para competir por esos contratos.
De esta manera, incluso cuando la inversión comienza a ejecutarse, no existe una garantía automática de que la demanda generada quede en manos de empresas locales. La cuestión central será, entonces, determinar si la debilidad actual responde simplemente a los tiempos de maduración de los proyectos o si revela una estructura de incentivos que limita el derrame sobre el entramado productivo nacional.
Fuera del enclave, empleo débil y empresas que cierran
El contraste se vuelve más relevante al mirar lo que sucede fuera de los sectores beneficiados. Desde noviembre de 2023 se perdieron más de 266.000 empleos registrados y cerraron alrededor de 24.000 empresas, de acuerdo con datos recopilados por Fundar. Al mismo tiempo, la informalidad laboral alcanzó el 44,2% y más del 80% de los nuevos ocupados ingresó al mercado por fuera del empleo formal.
La recuperación tampoco aparece distribuida territorialmente. Según el CETyD de la UNSAM, el empleo privado registrado permanece por debajo de los niveles de noviembre de 2023 en la mayoría de los departamentos del país. Incluso petróleo y minería todavía muestran menos trabajadores que entonces, debido a que la creación de empleo en Vaca Muerta no alcanza a compensar las pérdidas en cuencas maduras y otros proyectos.
A esto se suma que los salarios reales continúan por debajo de los niveles previos en buena parte de la economía, especialmente después de considerar el incremento de tarifas de servicios públicos, transporte y otros gastos fijos. De esta forma, el crecimiento de las actividades exportadoras convive por ahora con un mercado interno y laboral considerablemente más débil.
Para O’Connor, esa divergencia también forma parte de una transformación de la estructura productiva. La expansión de energía y minería ocurre al mismo tiempo que la apertura económica obliga a los sectores menos competitivos a adaptarse, mientras el Gobierno todavía enfrenta dificultades para reducir de manera equivalente el denominado “costo argentino”.
Si la apertura comercial avanza más rápido que las reformas tributarias, logísticas, laborales y regulatorias, una parte de la industria queda expuesta antes de haber reducido sus desventajas estructurales.
Qué falta para que el crecimiento derrame
Por eso, el desafío no termina en lograr que los proyectos anunciados efectivamente se ejecuten. Para que la nueva inversión se traduzca en un crecimiento más amplio, deberán aparecer mecanismos que conecten a las grandes compañías con proveedores, trabajadores, tecnología y financiamiento local.
Desde la UIA plantearon la necesidad de fortalecer el desarrollo de proveedores nacionales, mientras las modificaciones conocidas como “Súper RIGI” avanzaron con la incorporación de un piso de compras domésticas del 20% y estímulos vinculados a investigación y desarrollo. Sin embargo, todavía existen dudas sobre el alcance efectivo que esas herramientas podrían tener frente a proyectos de gran escala y cadenas de abastecimiento ya internacionalizadas.
EconSur considera que una alternativa sería extender incentivos a los proveedores locales para reducir parte de la asimetría que hoy existe entre quienes acceden directamente a los beneficios del régimen y las empresas que buscan abastecerlos. Además, una mayor articulación entre grandes compañías, pymes y el sistema científico-tecnológico permitiría trasladar capacidades acumuladas en sectores como petróleo y gas hacia la minería.
El financiamiento también aparece como una pieza central. Una modificación reciente permite que los bancos destinen parte de sus depósitos en dólares a préstamos para empresas que no generan divisas directamente, con un límite equivalente al 15% de esos depósitos y bajo requisitos prudenciales.
Para EconSur, una pyme con un contrato de provisión de largo plazo podría utilizar esos flujos futuros como respaldo para financiar maquinaria, ampliar capacidad o incorporar tecnología.
O’Connor, en cambio, pone el acento en que el Gobierno ya realizó una elección respecto de qué sectores pretende favorecer y no observa, por ahora, una estrategia equivalente para compensar a las actividades que pierdan participación durante esa reasignación de recursos.
Desde esa perspectiva, una menor incidencia de determinadas ramas industriales no sería necesariamente una falla del programa, sino parte del cambio de estructura económica buscado.
La discusión sobre el RIGI excede, entonces, la cantidad de dólares que finalmente ingresen. En este sentido, la Argentina puede aumentar sus exportaciones, reducir la restricción externa y desarrollar nuevos polos productivos a partir de energía y minería, pero el impacto sobre proveedores, empleo formal, industria y mercado interno dependerá de cuánto de ese crecimiento logre salir de los enclaves.
La verdadera medida del éxito no será únicamente cuántos proyectos se aprueben, sino qué economía quede alrededor de ellos cuando empiecen a producir.
