El Ente Nacional Regulador de la Electricidad convocó a una audiencia pública para el próximo 3 de junio con el objetivo de evaluar el acceso a la red eléctrica del proyecto minero Josemaría, en la provincia de San Juan, en un proceso marcado por múltiples oposiciones.
La convocatoria apunta a tratar la solicitud de acceso a capacidad de transporte por 260 MW y una ampliación del sistema eléctrico presentada por TRANSENER, a pedido de Vicuña Argentina, firma a cargo del desarrollo del yacimiento.
El proyecto Josemaría, ubicado en el departamento Iglesia, prevé una inversión de unos 4.000 millones de dólares para la explotación de cobre, oro y plata, y es considerado uno de los emprendimientos mineros más relevantes en carpeta en el país.
El eje del debate pasa por el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública y por el uso de la capacidad disponible en el sistema eléctrico, en particular sobre la línea Nueva San Juan–Rodeo, donde se asignó prioridad de uso del 90% a la empresa solicitante.
La iniciativa incluye un conjunto de obras de gran escala, entre ellas la ampliación de estaciones transformadoras, la construcción de nuevas instalaciones y una línea de extra alta tensión de 500 kV de aproximadamente 167 kilómetros.
Sin embargo, el proceso avanzó con resistencias. Organismos provinciales, empresas del sector y municipios plantearon objeciones técnicas, regulatorias y de impacto sobre el sistema eléctrico regional.
El EPRE San Juan presentó una oposición formal y pidió postergar la aprobación hasta contar con estudios que garanticen el abastecimiento y la operación segura del sistema.
En la misma línea, autoridades energéticas de La Rioja solicitaron que no se autorice el acceso hasta que se contemplen obras que aseguren su futura interconexión en 500 kV.
También empresas mineras como Andes Corporación Minera, Golden Mining y Casposo Argentina cuestionaron la asignación de capacidad y alertaron sobre posibles restricciones para sus propios proyectos en desarrollo.
A esto se sumaron las municipalidades de Iglesia y Calingasta, que pidieron revisar la medida y convocar a un debate público más amplio. Frente a este escenario, el ENRE resolvió abrir la instancia de audiencia pública para analizar los argumentos técnicos, jurídicos y regulatorios, y permitir que todas las partes expongan sus posiciones.
La audiencia se realizará de forma virtual, con transmisión en línea, y contará con un registro previo de participantes habilitado entre el 16 de mayo y el 1 de junio.
El caso pone en discusión no solo el avance de un proyecto minero estratégico, sino también la capacidad del sistema eléctrico para acompañar nuevas inversiones de gran escala en el país.