Después de incurrir demoras y la generación de un alto nivel de expectativas el ministro de Economía de la Nación, Lic. Luis “Toto” Caputo tuvo su primer mensaje a la población argentina para explicar lo que sus operadores mediáticos, legisladores propios y aliados habían dejado trascender previa y mayoritariamente en las redes sociales.
En la introducción el ministro bosquejo el escenario macroeconómico que recibía el presidente J. Milei y su equipo ministerial, con algunos datos de dudosa veracidad cuya intención pareció centrarse en dejar prestablecido que Argentina se encaminaba a una debacle sin antecedentes. Ante semejante panorama lo lógico es esperar la peor de las realidades y aceptar un destino de pleno sufrimiento.
Montada la escenografía de una economía en estado terminal, el ministro leyó un listado de medidas económicas, sin detallar origen y destino de las mismas. Un análisis simple de lo enunciado permite identificar una clara orientación hacia el clásico ajuste ortodoxo (priorizar lo financiero sobre lo productivo), que impacta negativamente en el salario real, incrementa el endeudamiento, aumenta la pobreza y concentra la riqueza.
Los operadores de la City y las empresas con posición oligopólica en el mercado argentino, tuvieron certezas hacia donde se direccionarían las propuestas económicas del presidente J. Milei, luego que el mandatario electo se reuniera con los directivos del FMI. En los días previos a la asunción presidencial las listas de precios de sus productos comenzaron un camino de subas constantes y en niveles significativos.
Las subas se consolidaron e incluso se incrementaron con la configuración de un tipo de cambio oficial de $ 800 por dólar, que representa una devaluación del 118%. Las firmas petroleras inmediatamente incorporaron el nuevo valor en los precios de sus combustibles que en un plazo menor de una semana acumulo subas promedio del 70%. Este incremento tendrá correlatividad en el costo del transporte de mercaderías, porque las empresas productoras lo incorporaran en sus esquemas de costo y determinara un mayor valor del bien a comercializar, en definitiva, la totalidad o buena parte de ese mayor costo lo pagara el consumidor final.
La reducción parcial y/o total de los subsidios a la energía y el transporte es el preludio de un golpe de dimensiones aun desconocida para la billetera de los trabajadores. Las firmas de energía eléctrica y gas proyectan que los incrementos de las facturas de sus servicios se triplicarían si el subsidio se reduce en un 50%, si la quita es del 100% se sextuplicaría. Los usuarios del transporte público de pasajeros, especialmente los del servicio urbano en los distritos de mayor concentración poblacional, estarán fuertemente condicionados por el futuro esquema de precios. La posibilidad de un salto cuantitativo del boleto de micro no solo afectara a pasajeros, también determinara una fuerte concentración de los proveedores del servicio de transporte.
La suspensión de la licitación de obra pública nueva y la cancelación de las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado, es una medida con efecto negativo e inmediato para las provincias que no cuenta con los recursos necesarios y suficientes para afrontar la continuidad de las obras en sus territorios o compartidas con otros estados subnacionales. El cálculo de la Cámara Argentina de la Construcción estima que los trabajadores del sector se contabilizan en 500 mil, de ese número un 50% desempeña tareas en obras financiadas por la nación. Los empleos indirectos (proveedores de insumos y servicios) seguramente se verán afectados incrementando el número total de desempleados.
El ministro Caputo manifestó que se reducirán al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Argumentando que tal procedimiento era la moneda de cambio para obtener beneficios adicionales de parte de la representación política en la legislatura nacional. Similar criterio se puede asignar a la cancelación de la obra pública, reducción y/o eliminación de los aportes no reembolsables que el actual gobierno pretende instaurar. Obra pública o ANR solo si se aceptan y convalidan objetivos de políticas públicas emanados desde Casa Rosada.
Impacto de las medidas a nivel provincial
El precio del dólar oficial está íntimamente ligado al volumen de la deuda consolidada provincial, aquellas provincias que registran una alta proporción de su deuda en moneda extranjera se exponen a un incremento significativo del volumen total de su endeudamiento.
La aplicación de un aumento provisorio del impuesto PAÍS a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias, afectara a las economías regionales, se encarecen los insumos del exterior que integran las cadenas de producción industrial (automotrices, maquinaria agrícola, electrodomésticos, equipo informático, etc.). En el caso de las retenciones de las exportaciones no agropecuarias, las pymes industriales y sectores específicos como la vitivinicultura afrontaran un mayor costo que afectara sus estructuras de comercialización.
El objetivo de eliminar el déficit fiscal se apoya en una fuerte reducción del gasto y una mejora en los ingresos de las cuentas oficiales. En el caso de las erogaciones, el mayor peso del ajusta recae sobre los asalariados vía tarifas, costo del transporte, subas del precio de bienes y servicios. Un mayor ingreso a las cuentas de la administración nacional se concibe a partir de una suba adicional del impuesto país y la aplicación de retenciones a las exportaciones no agropecuarias.
El presidente adhiere a los objetivos económicos del menemismo y apuesta por una versión siglo XXI. Menem adoptó los lineamientos del Consenso de Washington e introdujo reformas liberales (desreguló la economía, elimino prohibiciones de importaciones, estableció libertad de precios y privatizo numerosas empresas estatales). J. Milei acompañado por algunos exintegrantes del equipo del expresidente Menem, el beneplácito de la cúpula del FMI y la aprobación inicial de los funcionarios de la Secretaria de Estado de EE.UU. parece contar con una base de sustentabilidad suficiente para encarar “la revolución de la libertad”, que enfrentara reclamos y la conformación de núcleos de resistencia de sindicatos y organizaciones sociales, iniciativas que serán contrarrestadas por la aplicación del protocolo antipiquetes. La situación presente y futura de la economía argentina no permite visualizar mejoras en el corto plazo para una importante proporción de sus habitantes e identifica a una pequeña porción de la sociedad que se beneficia de las medidas diseñadas, por lo tanto, adquiere vigencia lo manifestado por Adam Smith economista y filósofo escocés “Ninguna sociedad puede ser feliz y próspera si la mayor parte de sus ciudadanos son pobres y miserables”