Los senadores peronistas Adán Bahl y Jorge Capitanich, junto con las diputadas
Ana María Ianni y Florencia Carignano, presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra Diego Chaher, el funcionario de Luis Caputo que conduce las privatizaciones. También apuntaron contra Julio Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, y las autoridades del BICE.
Desde el bloque de Unión por la Patria explicaron que la decisión de recurrir a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas no fue casual. Conocen demasiado bien la suerte que suele correr el kirchnerismo en Comodoro Py y los tribunales federales. «Una denuncia penal necesita demasiada fortuna para no terminar durmiendo en un cajón. En cambio, la presentación ante la PIA obliga al organismo a intervenir y pronunciarse sobre las irregularidades denunciadas», afirmó a LPO uno de los legisladores. La apuesta es evitar que el expediente quede enterrado en los tribunales mientras Chaher avanza con las privatizaciones.
Los legisladores denuncian un circuito administrativo que desplazó al organismo encargado de tasar los bienes del Estado y convirtió en secreto el precio de las empresas públicas que el gobierno de Javier Milei pretende vender. La denuncia fue presentada ante el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez y solicita investigar posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
El planteo sostiene que las decisiones de Chaher impiden al Congreso controlar si las empresas serán vendidas por su valor real. La presentación tiene una urgencia particular. Este jueves 8 de octubre se abren las ofertas económicas para la venta del 90% de AySA. La licitación se realiza sin precio base y con una tasación que, según los denunciantes, permanece oculta incluso para la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. El Gobierno recibirá las ofertas sin que el Congreso conozca cuánto vale la compañía.
Milei desempolvó el polémico método de los 90 para ponerle precio a las empresas que privatiza
Como reveló LPO, el Gobierno modificó el mecanismo de valuación de las empresas públicas y desplazó al Tribunal de Tasaciones de la Nación. En su lugar, habilitó al BICE a intervenir en las valuaciones mediante una unidad creada para esa tarea. También reemplazó el criterio tradicional por el flujo de fondos descontados, un método que estima el valor de una compañía a partir de sus ingresos futuros. Los denunciantes sostienen que ese cambio carece de sustento legal para las privatizaciones en curso.
La secuencia administrativa comenzó con el decreto 450/2025, que estableció el nuevo criterio de valuación. Luego llegó la resolución 88/2025 del Tribunal de Tasaciones, que adecuó sus procedimientos. Finalmente, la resolución 1/2026 de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, conducida por Chaher, declaró reservados todos los informes de tasación y valuación vinculados con las privatizaciones. La denuncia reclama conocer esa resolución, que tampoco fue entregada a los legisladores.
Los números que citan los denunciantes explican la preocupación. En Citelec, la sociedad vinculada a Transener, la base de licitación se fijó en 206 millones de dólares frente a una adjudicación previa de 356 millones. En Intercargo, una primera licitación por 45 millones de dólares quedó desierta y Chaher anunció que volvería a ofrecerla por un precio menor. En Nucleoeléctrica, la presentación recoge información periodística según la cual la nueva valuación podría representar una reducción de once veces respecto de estimaciones anteriores.
La denuncia sostiene que estas operaciones muestran un patrón de subvaluación que podría perjudicar al patrimonio público. Por eso exige que se conozcan las tasaciones, sus anexos, las tasas de descuento utilizadas, las proyecciones de ingresos y las versiones anteriores de los cálculos. También reclama investigar eventuales conflictos de intereses entre los funcionarios, los organismos que intervinieron y los posibles compradores.
La Comisión Bicameral ya había solicitado información el 12 de agosto. Sus integrantes recibieron más de 10.000 páginas de documentación apenas 48 horas antes de una audiencia con Chaher. La cantidad de expedientes y el escaso tiempo disponible hicieron prácticamente imposible su revisión. Después, las diputadas Ianni y Carignano intimaron al funcionario a entregar las valuaciones y sus antecedentes técnicos. Según la denuncia, la respuesta del 1 de octubre no incluyó los documentos requeridos.
Los legisladores sostienen que ninguna resolución administrativa puede imponerle secreto al Congreso sobre las tasaciones de las empresas públicas. Invocan la Ley Bases, que obliga a mantener informada a la Bicameral, y la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
La presentación solicita medidas urgentes antes de la adjudicación de AySA. Entre ellas, que la PIA requiera en 24 horas la resolución que declaró secretas las tasaciones y todos los estudios realizados por la ATEP y el BICE. También pide que la Comisión Evaluadora de la licitación entregue los documentos utilizados para fijar el valor de la empresa y que Economía no adjudique la operación hasta entregar esa información al Congreso.
La denuncia también tiene una derivación política. Su elaboración estuvo acompañada por una reunión de legisladores y representantes sindicales de las empresas alcanzadas por el programa de privatizaciones. El encuentro se realizó en la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), que conduce Carlos Minucci.
En esa mesa se vio a las distintas tribus del peronismo converger bajo una misma bandera: impugnar el proceso de privatizaciones de Milei. Participaron representantes de los sectores nuclear, energético, ferroviario y de comunicaciones, entre otros. También hubo dirigentes vinculados a distintas vertientes sindicales, tanto de la CGT como de la CTA.
Los presentes se esforzaron por contener las diferencias internas frente al objetivo compartido de cuestionar las privatizaciones. Uno de los momentos más tensos llegó cuando los representantes sindicales reclamaron una movilización para enfrentar las privatizaciones. Desde el bloque peronista respondieron que también era necesario un mayor compromiso de los gremios y pidieron acompañamiento en la calle para la discusión parlamentaria que intentará derogar el decreto 70, que habilitó varias privatizaciones.
Pese a ese cruce, la reunión terminó con acuerdos concretos. Se resolvió avanzar en una coordinación jurídica y comunicacional entre los sindicatos y los legisladores. Cada gremio deberá designar referentes para intercambiar información, seguir las presentaciones judiciales y difundir las irregularidades denunciadas. La denuncia ante la PIA es un ejemplo.
La pregunta que atraviesa la denuncia es sencilla: cómo puede controlar el Congreso la venta de una empresa pública si el Gobierno se reserva el derecho de ocultarle cuánto vale.
