En un paso significativo hacia la estabilización económica, el Gobierno ha establecido la Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios, un esfuerzo colaborativo destinado a mitigar los efectos de la fluctuación del dólar en el mercado. A través de la Resolución 1182/2023, se ha formalizado este organismo con la intención de evaluar y establecer acuerdos de precios con empresas proveedoras y supermercados, tanto mayoristas como minoristas.
El liderazgo de esta unidad recae en el experimentado Guillermo Michel, actual titular de Aduana, quien asumirá el rol de Coordinador General. Junto a él, Matías Tombolini, Secretario de Comercio, y Gabriel Rubinstein, Secretario de Política Económica, conformarán un equipo comprometido con el objetivo de garantizar la estabilidad de los precios en los bienes fundamentales.
En el contexto de la actual coyuntura económica, donde las tasas de cambio pueden ser volátiles, el Gobierno ha tomado medidas proactivas para asegurar que los acuerdos de precios sean una herramienta efectiva. Las empresas que participen en estos acuerdos disfrutarán de exenciones y beneficios con el propósito de contrarrestar los impactos de la devaluación en los productos que llegan a los consumidores. Esta iniciativa busca no solo proteger las góndolas, sino también incentivar la colaboración de las empresas en la estabilización de la economía.
De acuerdo con la información disponible hasta el momento, los nuevos acuerdos de precios tendrán una duración de 90 días, con la posibilidad de aumentos limitados de hasta un 5% por mes. Este enfoque gradual pretende equilibrar las necesidades de las empresas con la protección de los consumidores.
En una entrevista con TN, Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial, subrayó la seriedad de los acuerdos de precios y las consecuencias para aquellos que no cumplan con los compromisos. Además de las sanciones económicas, se enfatizó en que los beneficios impositivos otorgados a las empresas estarán vinculados al cumplimiento de dichos acuerdos. Esto representa un enfoque más contundente para garantizar la responsabilidad y la integridad en la implementación de los acuerdos.
En sintonía con esta estrategia, el Gobierno ha emitido un decreto, con la rúbrica del presidente Alberto Fernández, que presenta una serie de facilidades impositivas para las empresas adheridas a los acuerdos de precios. Esto incluye la reducción del derecho de exportación al 0% para mercancías específicas y la exención del Impuesto PAIS para transacciones en moneda extranjera relacionadas con la importación. Además, se levantarán suspensiones tributarias y se proporcionará una extensión en los plazos para el cumplimiento de obligaciones impositivas y de seguridad social.
Es fundamental destacar que el decreto también advierte que el incumplimiento de los acuerdos de precios resultará en la pérdida de los beneficios obtenidos, con posibles sanciones adicionales según la normativa vigente.
Este enfoque integral, con incentivos y regulaciones claras, se ha diseñado estratégicamente para fomentar la cooperación de las empresas en la estabilización de los precios y fortalecer la economía en momentos de volatilidad. El Gobierno considera estas medidas como una “zanahoria” que atraerá a los empresarios hacia una mayor colaboración y compromiso en la búsqueda de un equilibrio económico duradero.