El Gobierno presentó su proyecto de Presupuesto 2026. En el proyecto de ley que deberá tratarse en la Cámara de Diputados, se despliega una serie de proyecciones económicas con las cuales el equipo económico trabajará el año que viene. Dentro del proyecto, un artículo vinculado a la administración de la deuda pública llamó la atención: el Ministerio de Economía volverá a insistir en flexibilizar los requisitos para realizar canjes de títulos públicos.
Se trata del artículo 55 del proyecto de Ejercicio 2026, que propone modificar la Ley 11.672 (Complementaria de Presupuesto) para eliminar la referencia al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (24.156).
Actualmente, esa normativa exige que cualquier canje o reestructuración de deuda implique una mejora objetiva para el Estado, a través del cumplimiento de dos de estas tres condiciones: reducción de capital, extensión de plazos y/o baja de tasas de interés. De aprobarse la modificación, el Ejecutivo podría realizar canjes con objetivos de “ordenamiento financiero” aun cuando impliquen condiciones menos favorables.
La Consultora 1816, llamó la atención sobre este punto: “El artículo 55 del proyecto elimina una mención que hay en la Ley 11.672 al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que es el que establece que los canjes de deuda tienen que mejorar montos, plazos y/o intereses. El año pasado el Gobierno ya había intentado sin éxito en el proyecto de ley del Presupuesto 2025 modificar esa norma”, recordó.
Si bien este cambio no necesariamente redunda en un perjuicio para el Estado, sí abre la posibilidad de que el Gobierno pueda administrar su deuda pública con mayor arbitrariedad. Ocurre justo cuando el riesgo país superó los 1.200 puntos básicos, lo que demuestra las dudas de los actores económicos sobre la posibilidad de que el Gobierno acceda a los mercados internacionales para refinanciar los vencimientos de deuda.
El camino parlamentario del Presupuesto 2026
Más allá de este artículo, el camino del proyecto de “ley de leyes” será largo. De acuerdo a lo que dicta la Constitución, el Presupuesto ingresa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se realiza el debate técnico y se pueden introducir modificaciones. Luego se llevaría al recinto para la votación en general y en particular, y se requiere de mayoría simple para su aprobación.
Una vez aprobado en Diputados, el proyecto pasa al Senado, que lo discute también en comisión y luego en el recinto. El proyecto puede ser aprobado sin cambios, introducir modificaciones o rechazarlo.
La deuda pública aumentó el equivalente a u$s7.000 millones en agosto
De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Finanzas, dirigida por Pablo Quirno, en agosto de 2025, el stock de deuda bruta alcanzó un total equivalente a u$s454.230 millones, de los cuales u$s451.707 millones se encuentran en situación de pago normal.
Del total de la deuda en situación regular, el 44% está denominado en moneda local y el 56% restante en moneda extranjera.
En comparación con julio, la deuda en situación de pago normal registró un incremento equivalente a u$s7.004 millones, lo que representa una suba mensual del 1,57%. Este aumento se explicó por una reducción de u$s425 millones en la deuda en moneda extranjera, compensada por un incremento de u$s7.429 millones en la deuda denominada en moneda local.
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Vale tener en cuenta, que según se desprende del informe, el 67% de la deuda total del estado son títulos públicos, mientras que el 22% son acreedores externos y el 9% Letras del Tesoro. En la segunda semana de septiembre, la Secretaría de Finanzas colocó $6,63 billones en licitaciones de deuda, frente a vencimientos por un total de $7,25 billones correspondientes a Lecap y bonos ajustados por inflación y por tipo de cambio.
Con este resultado, el Ministerio de Economía logró refinanciar el 91% de los compromisos en pesos que vencían en la semana, liberando al mercado $0,62 billones.
En definitiva, la hoja de ruta 2026 no solo traza el panorama fiscal y financiero para el próximo año, sino que también impulsa cambios normativos que podrían redefinir la estrategia de administración de la deuda pública en los dos años siguientes del Gobierno de Javier Milei en un contexto en el que los mercados siguen de cerca el cronograma y la administración de la deuda total para los próximos meses.