Después de varios intentos de imponer un rumbo a la economía mendocina, la realidad es que dicho objetivo no se ha logrado y el presente económico provincial genera más incertidumbre que certeza.
Los funcionarios que propusieron una hoja de ruta para la macroeconomía de Mendoza no lograron consenso dentro de su ámbito de intervención y fuera de su área de gestión las críticas de propios y ajenos desalentó incluso hasta la elemental discusión de las ideas fundacionales enunciadas.
Economistas y estudiosos de la producción y el comercio de diferentes vertientes ideológicas han planteado la necesidad de analizar y reconfigurar la matriz productiva provincial. En campañas políticas, el tema de la minería metalífera adquirió relevancia ante la necesidad de mostrar audacia, pero la iniciativa, no llego a acumular volumen en el debate político y perdió vigencia.
Un problema sin debate
El Producto Bruto Geográfico (PBG) de 2022 mendocino expone claramente que el valor de la actividad económica mendocina fue casi la misma que la registrada en 2013, es decir “cero” crecimiento. En el mismo periodo de tiempo (10 años) la población de Mendoza registra una tasa incremental de 10,2% que identifica la incorporación de 188.248 ciudadanos más. Esta situación implica que en 2013 el ingreso per-cápita era de $ 7.716, en 2022 esa relación cayo a $ 6.984. Un efecto directo de la situación es mayor niveles de pobreza, que se profundiza si la administración provincial no incorpora medidas tendientes a reducir la brecha de ingresos.
En los 10 años bajo análisis el rubro “minería” del PBG expone una participación promedio del petróleo, gas y servicios conexos del 98,9%, los rubros minerales no metalíferos y rocas de aplicación el 1,1% restante. Los datos exhiben una absoluta dependencia del petróleo y gas, como así también que las regalías que ingresan a la provincia año tras año van perdiendo participación en los ingresos no tributarios, de un 49,1% en 2013 a un 29,7% en 2022, situación que podría profundizarse si la principal petrolera que opera en el territorio provincial (YPF) confirma su decisión de abandonar los yacimientos maduros, lo cual significaría el ocaso de la Mendoza hidrocarburífera.
Los antecedentes no solo reflejan un estado de situación preocupante para el presente, el entramado productivo provincial sin servicios básicos (energía, caminos y soporte informático) que puedan abastecer potenciales demandas incrementales de nuevos y/o la ampliación de proyectos ya en funcionamiento es una barrera al crecimiento económico de Mendoza.
¿Es la minería una opción?
La vigente administración provincial intenta una nueva etapa en un área de alta sensibilidad como la minería a gran escala, el primer ensayo de esta iniciativa se adjudica al sur provincial, un aérea geográfica con menor resistencia a la postura de un sector agroindustrial que enfrento y obligo al gobernador R. Suarez a reconocer que “no hay licencia social para la minería” y retrotraer la modificación de la Ley 7722 votada por el 78% de los integrantes de ambas cámaras de la legislatura provincial. La cordillera andina de Mendoza es una opción de generación de ingresos a las finanzas provinciales e incrementar el nivel de ingresos vía salarios. También mejora la recaudación de cargas sociales, como resultado de la incorporación de trabajadores formalizados. El Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM), expone que la provincia vecina de San Juan contabilizo 4.982 empleos directos en 2023, de ese total el 11,5% corresponde a trabajadoras mujeres. En 2022 las exportaciones de minerales represento para San Juan la suma de USD 863 millones y para Mendoza USD 46 millones.
La confrontación “agua vs minería” que oportunamente fue la piedra angular de la posición adoptada por quienes rechazaron en 2019 la reforma de la legislación minera e implico la derogación de la Ley 9209, es en la actualidad un argumento condicionado por el desarrollo tecnológico en el cuidado del medioambiente. Evidentemente será necesario evaluar y actualizar las atribuciones y limitaciones de la legislación nacional y provincial, que otorgue certeza y margen de acción en un tema de alta conflictividad como la contaminación ambiental.
Los eventos internacionales recientes representan los ejes estratégicos del futuro como es el caso de la energía y los minerales que son prioridad de los países industrializados, el tándem extracción y producción ya está en la mesa de discusión de empresas multinacionales. Los atributos geológicos del territorio mendocino no están fuera del radar de las naciones del bloque occidental como oriental, por lo tanto, cuando los proveedores habituales de determinados minerales comiencen a mostrar signos de agotamiento, las presiones de compañías mineras y naciones tecnológicas serán moneda corriente en aquellas áreas geográficas cuyas reservas minerales aún mantienen niveles de baja o nula explotación. Argentina y especialmente Mendoza deben evaluar el presente escenario y las opciones operativas e institucionales que les asegure que toda explotación minera otorgue una plataforma de beneficios como crecimiento económico, disminución del desempleo y proporcionar ingresos fiscales.
Un informe del Banco Bilbao Vizcaya (BBVA) plantea que la “transición a la energía limpia será significativamente intensiva en minerales. Para la construcción de aerogeneradores, según el Banco Mundial, se necesitan al menos 4,7 toneladas de cobre, 335 toneladas de acero y 1.200 toneladas de hormigón. Un coche eléctrico requiere cerca de 89 kilogramos de cobre, casi cuatro veces más que uno convencional. Goldman Sachs proyecta que la demanda de cobre se disparará casi un 600% para 2030 por el cambio de modelo energético”. Para llegar al mejor escenario posible de los próximos años se deberá diseñar un conjunto de políticas públicas con antelación y audacia, descartándose todas aquellas posturas de conveniencia política y/o sectorial. Un cambio de mentalidad que no solo debe adoptar la clase dirigente, sino también la sociedad.