El presente de la deuda consolidada de Mendoza, es un tema que no tuvo suficiente debate. El oficialismo y la oposición política argumentaron posturas encontradas, la situación determinó que volumen y condiciones de nuevas operaciones crediticias se circunscribiera a lo estrictamente reglamentado, sin opciones de una búsqueda consensuada de esquema para la toma de deuda, que se asimile a las nuevas modalidades y fundamentalmente asegurar un repago sin sobresaltos en línea con la evolución económica financiera de la provincia.
Al cerrar el 2015 el monto de la deuda consolidada publica era de $ 14.590 millones (en pesos de 1993) y equivalente al 8,8% del Producto Bruto Geográfico (a precios corrientes) y al 39,2% de los ingresos totales registrados en la ejecución presupuestaria de ese año. La provincia contabilizo una deuda en dólares de USD 460 millones que al tipo de cambio al cierre del periodo ($13,04 por dólar) era equivalente a $ 5.999 millones, que se complementa con la deuda en pesos $ 8.591 millones. El gobierno federal y el Banco de la Nación Argentina son los principales acreedores de la deuda en moneda nacional.
El año 2016 fue inicio de un periodo que derivo en situaciones de tensión financiera conforme se procedía al pago de los vencimientos oportunamente pactados. En dicho año Mendoza a igual que la mayoría de los estados provinciales, se embarcó en un endeudamiento en dólares, para ello emitió un título en moneda extranjera (PMY24) por un monto de USD 500 millones bajo legislación del Estado de New York (EE.UU.) que se amplió en USD 90 millones más en diciembre de 2017.
Al cierre de 2019 la deuda consolidada mendocina era de $ 73.073 millones, su composición fue de USD 733 millones que al tipo de cambio de $59,895 por dólar representan $ 43.928 millones, importe que se complementa con la deuda en pesos de $ 29.145 millones. En un lapso de cuatro años (que incorpora nuevos créditos y pagos de cuotas de capital) Mendoza incremento su deuda en dólares en un 59,4% (USD 273 millones) y en pesos un 239,3% ($ 20.554 millones).
El actual gobernador (12/2019-12/2023) Rodolfo Suarez inicia su mandato en un escenario macroeconómico provincial y nacional de alta incertidumbre, originado en una pandemia sanitaria y un enfrentamiento armado entre Rusia y Ucrania, eventos que impactaron negativamente en las perspectivas de la economía mundial y consecuentemente en el ámbito local. La imposibilidad de afrontar los pagos pautados del título PMY24 determino la refinanciación del mismo, la situación otorgo al gobierno provincial una ventana de tiempo entre el cierre operativo y el efectivo pago de las nuevas cuotas, que le posibilito mejorar indicadores macrofinancieros por ejemplo deuda/Producto Bruto Geográfico (PBG).
Según el informe emitido por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza al 30/06/2023 la deuda consolidada provincial es de $ 217.722 millones, de dicho importe la deuda en pesos es de $ 46.061 millones y en dólares de 669 millones que en pesos es equivalente a $ 171.661 millones tomando en cuenta el tipo de cambio utilizado de $ 256,675 por dólar.
En el primer semestre de 2023 Mendoza identifica que la deuda en dólares registro una reducción de USD 64 millones (-8,7%) en el tramo de diciembre 2019 a junio 2023 y en igual periodo la deuda en pesos registro un incremento del 58% ($ 16.916 millones). Un alto porcentaje de la disminución de la deuda en dólares es coincidente con el pago de la primera cuota de capital de la refinanciación (PMM29) del endeudamiento en dólares (USD 45,3 millones).
Aciertos
La evolución de la economía mendocina en el periodo 2016-2019 registro un acumulado negativo del 5,4%, este contexto impacto de forma desfavorable en la performance de la deuda consolidada. A la pérdida de dinámica económica provincial se le debe sumar los efectos económicos del Covid19, que provoco la caída del PBG 2020 en un 8,0%. La situación fue el preámbulo para instrumentar la refinanciación del título PMY24 en la gestión Suarez, este accionar fue una decisión correcta, porque se diseñó y ejecuto en un momento especifico en el cual la Argentina iniciaba la discusión de la reestructuración de su deuda externa con organismos e inversores internacionales, que apalanco la presentación técnica mendocina.
Errores
Independientemente de los argumentos expuesto por las autoridades mendocinas actuales, al cotejar la deuda consolidada mendocina, el monto registrado en 2015 y su posterior evolución muestra un incremento significativo ($ 203.132 millones corrientes). Si el análisis se realiza por moneda (pesos y dólares) es claro que en el caso de la moneda nacional el incremento fue de $ 37.470 millones, importe que está íntimamente ligado a las necesidades de mayores montos en correlación con incrementos de costos de los bienes y servicios producto de una inflación incremental.
En el caso de la deuda en dólares, el volumen incremental a partir de 2016, se puede relacionar a un error de evaluación e interpretación de las perspectivas macroeconómicas nacionales, error que no solo cometieron los funcionarios mendocinos sino una alta proporción de provincias. La combinación de deuda en dólares e incrementos sucesivos del tipo de cambio oficial, tiene como resultado el incremento de la deuda equivalente en pesos.
Desde la oposición a nivel de la legislatura provincial y desde la administración nacional (Ministerio de Economía) se postuló la búsqueda de nuevo financiamiento en moneda nacional para evitar en los próximos tiempos desfasajes de las cuentas públicas originadas en las sucesivas devaluaciones del peso frente al dólar.
Mendoza aun sufre las consecuencias del incremento de un endeudamiento en dólares, el exceso de austeridad en el gasto público (baja ejecución presupuestaria de obra pública proyectada e insuficiente incremento del salario de los trabajadores estatales) no parece ser la vía de solución. Es necesario creatividad en política financiera y el apoyo irrestricto al entramado productivo local que posibilite sentar las bases de una estructura que en el mediano y largo plazo adquiera características sustentables y garantice objetivos de políticas públicas.