La aprobación en la Cámara de Diputados de las modificaciones a la Ley de Glaciares generó una rápida reacción del sector minero, que valoró la medida como un paso clave para reactivar inversiones y dar mayor previsibilidad a la actividad en Argentina.
Con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, el Congreso dio luz verde a los cambios en la Ley 26.639, una normativa central para el desarrollo de proyectos en zonas cordilleranas.
La iniciativa redefine el alcance de las áreas protegidas y otorga mayor protagonismo a las provincias en la determinación de qué zonas deben ser preservadas.
Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras destacaron que la modificación representa “una señal positiva para el futuro productivo del país”, al considerar que introduce reglas más claras para el desarrollo de la actividad bajo estándares ambientales.
En esa línea, afirmaron que uno de los principales efectos será reducir la incertidumbre que durante años afectó la planificación de proyectos de largo plazo.
El nuevo esquema establece criterios más precisos para identificar glaciares y áreas periglaciares, delimitando dónde podrán desarrollarse actividades productivas y bajo qué condiciones.
Según el sector empresario, esta actualización permite compatibilizar la protección de los recursos hídricos con el desarrollo económico, al tiempo que mantiene la exigencia de evaluaciones de impacto ambiental y controles técnicos.
Uno de los cambios más relevantes es el rol que adquieren las provincias, que pasarán a tener mayor capacidad de decisión sobre sus recursos naturales. Esto incluye la potestad de definir qué geoformas cumplen funciones hídricas y, por lo tanto, deben quedar protegidas. Para la industria, este punto refuerza el federalismo y permite una gestión más ajustada a las realidades territoriales.
La normativa también incorpora el principio precautorio, al establecer que toda formación incluida en el Inventario Nacional de Glaciares será considerada protegida hasta que se determine su función hídrica. Sin embargo, la evaluación quedará en manos de las autoridades provinciales, lo que abre un nuevo escenario regulatorio para el desarrollo de proyectos.
Desde el sector minero sostienen que este marco podría facilitar el avance de iniciativas que permanecían demoradas, al despejar ambigüedades legales. “La minería responsable requiere reglas claras y control efectivo”, señalaron desde CAEM, al tiempo que ratificaron su compromiso con estándares ambientales internacionales.
No obstante, la reforma también generó fuertes críticas por parte de organizaciones ambientalistas, que anticiparon presentaciones judiciales para frenar su implementación. Los cuestionamientos se centran en el posible impacto sobre áreas sensibles y en la delegación de facultades a las provincias.
Expectativas de inversión
En el plano económico, el sector privado interpreta la medida como una oportunidad para reactivar proyectos y ampliar la cartera de inversiones, especialmente en regiones cordilleranas con alto potencial geológico. La minería aparece como un motor clave para dinamizar economías regionales, generar empleo y fortalecer cadenas de proveedores en todo el país.
En este contexto, la nueva ley podría convertirse en un punto de inflexión para el desarrollo de una minería más competitiva, en un escenario global donde la demanda de minerales estratégicos, clave para la transición energética, continúa en expansión.