Los datos oficiales de la ejecución presupuestaria a septiembre de 2025 (Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza), exponen que el resultado operativo acumulado fue positivo en $57.120 millones, pero al restar los pagos de amortización de la deuda consolidada el número final es negativo en $76.967 millones.
Nuevamente es necesario examinar el accionar de la administración provincial ante un escenario económico nacional e internacional que evidencia cambios en su estructura productiva y comercial. La geopolítica a desplazado a la economía y la lectura del actual contexto no se debe realizar con los instrumentos tradicionales porque la interpretación será errónea. La política económica diseñada en Balcarce 50 de CABA, no representa una posición consensuada con los estados subnacionales, los gobernadores, con excepción de unos pocos exponen una posición dócil ante eventos del ámbito económico, prefieren adherir a los postulados libertarios con el solo objetivo de recibir alguna dadiva del gobierno nacional, es decir “la billetera manda, independientemente de la ideología”.
El verdadero escenario político-económico se diluye bajo un fuerte dispositivo mediático, que sobredimensiona los escasos eventos positivos e ignora errores y datos poco alentadores para una importante porción de los habitantes de Mendoza y el país.
En tiempos pasados la dirigencia política tradicional ante una realidad evidente sacrificaba en el altar del beneficio común sus posturas ideológicas. El pragmatismo fue moneda de cambio en la discusión de medidas que impactaban en la vida del ciudadano común, quien con su voto podía determinar la continuidad o no del espacio político a cargo del gobierno. En el presente las decisiones económicas de los funcionarios a nivel nacional y provincial están fundamentadas en posturas y conceptos académicos de bajo impacto o nulo éxito, cuya implementación en la mayoría de los casos beneficia a sectores específicos.
El ejecutivo mendocino a partir de 2016 adopto una posición que otorga al sector privado un papel significativo, en primer término, por ideología y después por la ausencia de recursos o imposibilidad de acceder a financiamiento en condiciones razonables, derivo una importante porción de las obras de infraestructura pública en la iniciativa del sector empresarial nacional y/o internacional.
El esquema diseñado desde la gobernación origino una nueva dinámica de la actividad económica-productiva local, focalizándose en emprendimientos apalancados en prioridades de compañías privadas y sus socios estratégicos. A partir de 2023 con el arribo de J. Milei a la presidencia de la nación, la implementación de ideas libertarias en un contexto de alta vulnerabilidad profundizo el deterioro que derivo en caída del consumo, pérdida de puestos de trabajo formal, incremento de la informalidad laboral, mayor endeudamiento familiar y morosidad en los circuitos financieros y no financieros.
La anemia económica y financiera provincial obligo a reconfigurar la obra pública, sin financiamiento nacional se priorizaron emprendimientos con participación de privados. Como resultado de un selectivo y bajo interés de los particulares en proyectos propuestos por la gobernación, se recurrió a postular una serie de obras cuyo financiamiento se instrumenta bajo el paraguas del Fondo por el Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial que a septiembre de 2025 contabiliza proyectos asignado y/o adjudicado en un 54% del total del fideicomiso.
Según la información suministrada en la ejecución presupuestaria, el acumulado enero-septiembre de 2025 registra un incremento de los recursos corrientes en valores nominales del 1,0% respecto a igual periodo temporal de 2024, en el caso de los egresos corrientes la suba fue del 5,0%, esta diferencia es una primera alerta. Es interesante destacar que en al caso de los recursos corrientes de origen provincial, estos sufrieron una caída del 1,4%, en este segmento también preocupa la caída del 0,8% en ingresos brutos (impuesto aplicado al comercio y la producción dentro del territorio provincial) y que en promedio es el 75% del total de los ingresos por tributos locales, la situación descripta se puede definir como un anticipo de futura fragilidad en la recaudación del segmento impositivo mendocino.
Uno de los potenciales efectos de una economía en proceso de contracción, es el déficit de algunos rubros específicos de ingresos propios. Si la recaudación a nivel provincial no logra recuperarse el deterioro se dinamiza. Si el gobierno de Mendoza no implementa en el corto plazo medidas que tiendan a corregir y rencauzar las variables macroeconómicas o deja en manos del mercado la solución, posiblemente asistamos en los próximos tiempos a fuertes reclamos de un sector de la ciudadanía con claros síntomas de perdida de posicionamiento socio-económico como así también a la migración de empresas locales a otras provincias con un modelo de gestión que integra al sector privado bajo una estrategia diseñada desde el ámbito público.
En los últimos meses, la difundida predisposición del gobierno nacional de adherir a las iniciativas del presidente de EE.UU. no parece una postura que contemple opciones. El oficialismo de Mendoza que gestiona la administración provincial desde 2016 ha priorizado la ideología del libre mercado, donde la oferta y demanda, deben operar con mínima intervención estatal. En el futuro cercano serán necesarios resultados tangibles y los funcionarios deberán mostrar adaptabilidad por encima de las ideologías o modelos económicos preestablecidos, caso contrario la mayoría de la sociedad mendocina abandonara la actual postura de acompañamiento como respuesta a otra frustración.
