Al final habemus canje y con él parecen despejarse los nubarrones de los vencimientos de la deuda pública en pesos, por lo menos hasta las PASO. ¿Pero es tan así? En primer lugar no puede soslayarse que se trata de una buena señal que involucra, en parte, vencimientos por casi $8 billones. Claro que también el porcentaje que se obtenga será un dato a tener en cuenta. Porque contemplando que, aproximadamente, la mitad de la deuda elegible para el canje está en manos del sector público, aún quedan cerca de $4 billones en danza. De ese total unos $1,6 billones están en manos de la banca privada, cerca de $800.000 millones entre Fondos comunes de inversión (FCI) y menos de medio billón de pesos entre las aseguradoras.

Vale señalar que los fondos del exterior tendrían no más del 2% por lo que no son relevantes en esta jugada del equipo liderado por Massa y Rubinstein, aunque todo sume al final. De ahí que el acuerdo se rubricó, principalmente, con las cámaras que nuclean a la banca privada local y extranjera, la banca pública, que aparecieron como fieles defensores de la iniciativa frente a las críticas de la oposición. Aunque por obvias razones también debieron comprometer a las entidades representativas de la industria de los FCI y del sector asegurador. Entonces, si entraran todos los bonos en poder de organismos y entidades públicas, todavía hay que ver cuánto ingresarán de estos tenedores. Incluso, más aún, si se llegara a un 100% de adhesión al canje así y todo no desaparece el riesgo de una crisis de la deuda. ¿Cómo es esto?

Los analistas estiman, a priori, que podrían quedar entre $1,5 y $2,5 billones afuera del canje. Al respecto, vale señalar que la operación no fue diseñada por adhesión sino que se licita por precio, por lo que es difícil en principio saber qué niveles de tasas está dispuesto Hacienda a convalidar con tal de lograr un alto porcentaje de canje. Pero siendo optimistas y suponiendo que el canje lograra una adhesión total, del 100%, tampoco desaparecen todos los nubarrones por delante. Porque si bien ya no habría títulos públicos en pesos que vencieran entre marzo y junio de este año, lo que implica lisa y llanamente derribar la famosa muralla de vencimientos, hay que recordar que se está en un año bisagra electoral. De modo que no hay nada que asegure que, en medio de la campaña preelectoral, o después de la próxima fecha clave, el 24 de junio, cuando ya se oficializan las listas para las Primarias (PASO) a nivel nacional, o sea, cuando se cierran de listas y de definen los que serán precandidatos o que van a competir o no, que emerja algún hecho que detone más incertidumbre e induzca a los tenedores de los nuevos bonos, que vencerán en 2024 y 2025, a venderlos en el mercado secundario.

En tal sentido, la historia reciente es aleccionadora y no hay que irse muy lejos, basta con recordar lo acontecido a mediados del año pasado, en medio del sainete Guzmán-Batakis y la liquidación de posiciones en bonos soberanos en pesos. Hoy, los analistas miran como hitos a tener en cuenta no solo las PASO sino las pos-PASO y la primera vuelta de octubre para vislumbrar cómo se comportarán los bonistas. Claro que de ocurrir algo de esto, el Gobierno puede recurrir al BCRA, lo que implica lisa y llanamente más emisión. O bien, dejar que el mercado se ajuste, con el consiguiente efecto de renunciar a colocar nueva deuda. Lo cierto es que en ambas opciones la palabra final la tendrá el dólar CCL, o sea, la brecha.

Dicho todo esto, no menos importante será ver cómo irá reaccionando la oposición a esta operación de canje ya que venía semanas blandiendo el tambor alertando sobre la bomba de la deuda y demás críticas sobre el manejo de la deuda pública en pesos. Porque ello, sin duda, influirá, sobre todo cuando se vayan conociendo a los competidores del tramo final de octubre. O se perfila algún tipo de acuerdo “patriótico” entre el Gobierno y sus probables sucesores, y vayan bajando los decibeles de estos entredichos electorales, o todo quedará a expensas de lo que diga uno u otro candidato y cómo ello afecte las expectativas de los bonistas. Claro que también habrá que ver qué hace el Gobierno en materia fiscal este año electoral.

Fuente: Ámbito