La intervención militar de los Estados Unidos en territorio venezolano y la reciente captura de Nicolás Maduro dieron un giro al escenario energético. En un contexto donde el presidente Donald Trump manifestó este miércoles que estará “al cargo” del comercio de la producción petrolera hasta consolidar una transición, el foco se desplaza ahora hacia la viabilidad técnica y financiera de recuperar la industria de hidrocarburos del país con las mayores reservas de crudo del mundo.
Según un informe de la consultora especializada Rystad Energy, el camino para que la producción petrolera regrese a los niveles históricos de 3 millones de barriles por día (mbpd) es técnicamente posible, pero demandará un esfuerzo financiero de US$ 183.000 millones en inversiones en petróleo y gas desde 2026 hasta 2040. Esta cifra equivale, aproximadamente, a un año de inversión total del sector energético en Estados Unidos.
El costo de sostener y luego crecer
El análisis de Rystad Energy detalla que la recuperación no será inmediata y requiere etapas de inversión bien definidas. Por un lado, para el mantenimiento base se necesitan cerca de US$ 53.000 millones en los próximos 15 años, solo para mantener estable la producción actual, estimada en 1,1 mbpd.
Luego se abre una ventana técnica de restauración rápida de capacidad, que permitiría sumar entre 300.000 y 350.000 barriles diarios (kbpd) con un gasto limitado. Sin embargo, cualquier crecimiento que supere los 1,4 mbpd exigirá una inversión sostenida en el tiempo y una reconstrucción más profunda de la infraestructura.
La consultora identifica que, para que el objetivo de los 3 mbpd en 2040 sea plausible, será indispensable una inyección temprana de capital internacional. En ese sentido, estima que deberían comprometerse entre US$ 30.000 y US$ 35.000 millones de manera anticipada para comenzar a revertir lo que hoy se considera una infraestructura petrolera devastada.
Infraestructura colapsada y límites operativos
El flujo de capital necesario y sostenido durante los próximos 15 años se traduciría en unos US$ 156.000 millones en compras de servicios, con los sectores de fabricación y construcción a la cabeza, siempre supeditado a reformas profundas en la gobernanza, estabilidad institucional y reconstrucción de la confianza de los inversores.
La administración Trump mantiene una postura firme: las grandes corporaciones estadounidenses, con Chevron, Exxon y ConocoPhillips a la cabeza, deberían liderar la reconstrucción del sector petrolero venezolano. Desde Washington, el mensaje es que la recuperación de los activos confiscados durante el último medio siglo depende de una inversión masiva e inmediata para revertir el colapso operativo.
Sin embargo, el deterioro del parque petrolero escaló a niveles tan críticos que las propias firmas norteamericanas reconocen hoy su incapacidad para diagnosticar con precisión qué recursos demandaría volverlo operativo. Sin claridad sobre quién ejercerá el poder político en el futuro cercano, las garantías jurídicas desaparecen del horizonte y la seguridad de los operarios y la integridad de los equipos se convierten en la principal preocupación para Chevron, la única compañía que aún mantiene operaciones en el terreno.
En línea con este escenario, el consultor y analista del sector energético Nicolás Taiariol sostuvo en sus redes sociales que, si bien la idea de sumar un millón de barriles diarios adicionales no es descabellada, requiere un realismo operativo. “Distintos análisis de consultoras especializadas señalan que, en un escenario de levantamiento de sanciones, acceso a diluyentes, mejoras operativas e ingreso de capital, Venezuela podría incrementar su producción de forma significativa en un plazo de 12 a 24 meses”, argumentó.
No obstante, Taiariol remarca que la clave reside en la capacidad ociosa, particularmente en la Faja del Orinoco. Advierte que, en el cortísimo plazo, la dinámica es contractiva debido a cuellos de botella operativos y a la falta de insumos críticos, como los diluyentes, esenciales para movilizar el crudo extrapesado. Para el analista, la recuperación venezolana no es un problema de geología, sino de restricciones operativas, marco institucional y acceso a insumos.
El marco político en el que se intentarán estas inversiones es inédito. Tras la denominada “Operación Resolución Absoluta” del 3 de enero de 2026, la Argentina y la región observan un mapa de poder fragmentado. Mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue designada presidenta interina por el Tribunal Supremo —y mantuvo contactos con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio—, el control efectivo de la infraestructura estratégica parece quedar bajo la supervisión de Washington.
Trump fue explícito al señalar que la administración interina podría entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo almacenado como parte de los nuevos acuerdos. Sin embargo, el desafío de fondo sigue siendo estructural: transformar una industria golpeada por años de sanciones y desinversión en un motor energético competitivo, en un clima donde la seguridad jurídica aún debe ser reconstruida desde sus cimientos.
Este miércoles, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, fue más específico sobre el futuro del crudo venezolano. “Este es el crudo que está almacenado y en almacenamiento flotante en alta mar. Vamos a poner ese crudo en movimiento de nuevo y lo venderemos, tal como lo hacemos en nuestros negocios”, afirmó.
“Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero el petróleo almacenado y luego, en el futuro, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado. Tendremos a Estados Unidos como proveedor de diluyentes, que deben llegar allí para permitir esa producción. Vamos a tener eso fluyendo de nuevo”, sostuvo Wright al anunciar un control total.
La idea de Washington, agregó, es que a medida que avance el diálogo con el gobierno de transición venezolano, se permita la importación de piezas, equipos y servicios para evitar un mayor colapso, estabilizar la producción y, lo más rápido posible, comenzar a verla crecer nuevamente.
“A largo plazo, se podrán crear las condiciones para que las principales empresas estadounidenses —las que estaban antes y las que quieran ingresar— vuelvan a operar en el país”, sentenció.