El default de Albanesi golpeó de lleno al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, uno de los grandes acreedores del grupo energético. Un acta oficial revela que el organismo previsional todavía tenía en febrero de 2026 cuatro clases de obligaciones negociables de Generación Mediterránea y aceptó modificar sus condiciones para facilitar la reestructuración de una compañía que había dejado de cumplir con sus deudas varios meses antes.
La cifra que permite dimensionar el problema es enorme. Generación Mediterránea cerró una reestructuración de pasivos por casi 1.500 millones de dólares. Al cierre de 2025 tenía 1.510 millones de dólares de deuda financiera y apenas 20 millones de dólares entre caja e inversiones corrientes. El 93% de esa deuda correspondía a obligaciones negociables.
La crisis, además, no apareció después de la decisión de Anses. Los problemas de pago comenzaron en abril de 2025. El 31 de julio de ese año FIX bajó la calificación de Generación Mediterránea a categoría de default, por incumplimientos una vez vencidos los períodos de gracia. Para ese momento, la calificadora identificaba 611 millones de dólares de deuda de GEMSA y otras emisiones vinculadas a Albanesi afectadas por la situación.
Georgieva puso en duda el plan de usar los fondos de la Anses para créditos hipotecarios
Sin embargo, diez meses después del comienzo de los incumplimientos y siete meses después de que la compañía fuera calificada en default, el FGS seguía atrapado en los bonos de Albanesi.
El Acta 277 del Comité Ejecutivo del FGS, fechada el 26 de febrero de 2026, reconoce que Anses tenía en su cartera obligaciones negociables Clase XV, XVI, XVII y XIX de Generación Mediterránea. Albanesi pidió entonces el consentimiento del Fondo para cambiar las condiciones de esos títulos en medio de la reestructuración.
El pedido no era menor. Entre las modificaciones se cambiaban las cláusulas que regulaban eventos de incumplimiento. Se contemplaban deudas por 25 millones de dólares o más y situaciones de quiebra, concurso preventivo, acuerdo preventivo extrajudicial, liquidación o acciones judiciales contra la empresa. También se incorporaban los documentos de la futura reestructuración dentro de las condiciones de los bonos.
El acta reconoce así algo central: el FGS era acreedor de Albanesi mientras la compañía necesitaba modificar las protecciones de sus acreedores para completar la reestructuración de una deuda que ya estaba en default. Anses aceptó.
Las áreas técnicas argumentaron que los cambios permitían garantizar la continuidad operativa de las centrales y que no modificaban los términos financieros ni los flujos de los instrumentos. GEMSA ofreció además 60 millones de pesos por cada consentimiento, hasta 240 millones por las cuatro clases involucradas.
El dato relevante es cuánto dinero de los jubilados estaba todavía comprometido cuando Albanesi dejó de pagar y qué valor tienen hoy los papeles que Anses recibió a cambio.
Sin embargo dada la opacidad que envuelve al FGS, la dimensión de la exposición del Fondo a Albanesi no puede reconstruirse de manera inmediata. Hay meses de atraso en la presentación de estados contables y documentación complementaria.
El problema es delicado porque se trata de recursos del sistema previsional y los funcionarios incumplen con los plazos obligatorios que determina la ley de entidades financieras.
Así y todo, el Acta 277 deja una primera certeza. Cuando Albanesi ya llevaba diez meses con problemas de pago, el Fondo seguía sentado entre sus acreedores y aceptó cambiar las reglas de cuatro series de bonos para permitir que la reestructuración siguiera adelante. La empresa consiguió finalmente patear buena parte de una deuda de casi 1.500 millones de dólares hasta la próxima década. La cuenta que todavía falta conocer es cuánto de ese costo quedó dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
