Durante los últimos días el Comité Bancario del Senado de EEUU acordó una nueva modificación a la Ley Clarity, la cuál busca fijar un marco normativo claro sobre la operación con criptomonedas en dicho país, en particular con las stablecoins. Si bien la última modificación mostró un mayor grado de consenso, desde los bancos todavía creen que deben hacerse modificaciones. En el sector cripto tampoco están conformes, afirmando que el proyecto es excesivamente restrictivo y que, incluso, podría sentar un precedente negativo para la región.
El compromiso anunciado por los senadores Thom Tillis, del Partido Republicano, y la demócrata Angela Alsobrooks, estableció que las stablecoins no podrán ofrecer rendimientos equivalentes a los depósitos bancarios. Sin embargo, permite lo que los senadores denominaron como “actividades bona fide”, es decir, usos considerados “legítimos” que generan rendimiento como consecuencia directa de la utilidad del activo y no como sustituto de un producto financiero regulado.
Además, el texto ordena al Departamento del Tesoro y a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos elaborar normas que definan una lista no exhaustiva de actividades permitidas en el plazo de un año desde su entrada en vigor. Se espera que en esta lista se incluyan pagos, transferencias, “staking”, tokens de gobernanza y programas de fidelización.
De esa manera, el proyecto de ley obligaría a las empresas del sector cripto a reestructurar sus programas de recompensas: de un modelo de “comprar y mantener” a uno de “comprar y usar”.
El próximo paso será su debate dentro del Comité Bancario del Senado, previsto para la semana del 11 de mayo. Si el comité aprueba el proyecto, el siguiente paso es el debate en el pleno del Senado, esperado para junio o julio.
Gusto a poco para los bancos
Luego de que difundiera el texto completo, la Asociación de Banqueros Estadounidenses, el Instituto de Política Bancaria, la Asociación de Banqueros del Consumidor, el Foro de Servicios Financieros y Banqueros Comunitarios Independientes de EEUU publicaron un comunicado en conjunto en donde afirman que si bien “los senadores Tillis y Alsobrooks buscan alcanzar el objetivo político correcto: prohibir el pago de rendimientos e intereses sobre las stablecoins”, la redacción propuesta “no cumple con ese objetivo“.
“Es imperativo que el Congreso acierte en este punto. Diversos estudios demuestran que las stablecoins que generan rendimientos podrían reducir todos los préstamos al consumo, a las pequeñas empresas y a la agricultura en un 20% o más, por lo que es fundamental que la prohibición sea clara y transparente”, enfatizaron.
Y adelantaron que “en los próximos días” les harán llegar a los legisladores norteamericanos sus “sugerencias detalladas para fortalecer la redacción propuesta”. Y agregaron: “Continuaremos trabajando de buena fe para ayudar al Congreso a adoptar la innovación, protegiendo al mismo tiempo los depósitos que impulsan los préstamos locales y la actividad económica en sus comunidades“.
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Apoyo con matices en la industria cripto
A diferencia de los borradores anteriores, Coinbase y Circle respaldaron este nuevo texto de forma inmediata. Consultada por Ámbito, Karina Caudillo, Manager Regional de OKX, una de las exchanges más importantes que opera en EEUU, sostuvo que “las últimas modificaciones a la Ley Clarity representan un paso importante hacia un entorno regulatorio más estructurado para los activos digitales en Estados Unidos”.
De todas maneras, enfatizaron que “la implementación será clave”, debido a que “marcos regulatorios demasiado rígidos podrían limitar la flexibilidad necesaria para innovar en un sector que evoluciona rápidamente”. Y agregaron que una Ley Clarity “bien calibrada puede fortalecer la confianza, fomentar la participación institucional y respaldar el crecimiento a largo plazo del ecosistema de activos digitales”.
Por su parte, Mariquena Otermin, CMO de Bitwage, plataforma internacional de pagos en criptomonedas, sostuvo a este medio que el impacto de la nueva normativa “es directo sobre el modelo de negocios”, ya que se trataría del “fin de la rentabilidad basada en el arbitraje de tasas pasivas“.
Y ahondó: “Al restringir el pago de intereses sobre stablecoins, la regulación obliga a las plataformas a evolucionar de ser simples custodios a convertirse en proveedores de infraestructura operativa. El margen real se desplaza hacia los servicios de valor agregado”.
Sobre este punto, Otermin argumentó que “esta modificación no limita la disrupción, sino que la institucionaliza”. Y desarrolló: “Lo que estamos viendo es una pulseada geopolítica por la liquidez del dólar digital. La intención de proteger los balances bancarios tradicionales mediante restricciones regulatorias ignora que el usuario ya eligió la agilidad de los activos digitales para su economía diaria“.
Stablecoins
Cuestionamientos y el impacto en la región
Martín Jofré, Cofundador y Chief Risk Officier de Notbank by CryptoMarket, sostuvo a Ámbito que el argumento bancario de que las stablecoins con retorno drenarían depósitos “suena razonable, pero los números no lo sostienen”. Y citó las conclusiones del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, que estimaron que prohibir estos retornos apenas agregaría entre 0,02% y 4,4% al crédito bancario total. “El beneficio para los bancos es marginal. El costo para el consumidor es concreto”, enfatizó
Consideró que si bien “la innovación central de cripto – mover dinero instantáneamente, sin intermediarios y entre países – queda intacta”, prohibir que un usuario “gane un retorno por sus dólares digitales mientras los bancos pagan fracciones de punto es legislar contra la competencia, no a favor de la estabilidad”.
A modo de comparación, citó como casos a seguir el modelo de la Ley MiCA en la Unión Europea, le Ley Fintech en Chile y los marcos normativos de Singapur y Emiratos Árabes Unidos. “Desde Latinoamérica, el riesgo es el efecto dominó. Cuando EEUU establece un precedente proteccionista, los reguladores de la región lo importan”, argumentó.
“En una región donde enviar dinero sigue siendo caro y millones no acceden a productos financieros competitivos, replicar este modelo tiene costo social directo. El camino es el que ya toman otras jurisdicciones: no prohibir, sino exigir reservas verificables, capital mínimo y transparencia”, concluyó.