El gasto devengado de febrero por la Administración Nacional llegó a $1,98 billones, con un incremento del 107%, según señala el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. El reporte estima que se produjo un incremento real del 5,4% tomado como base a la inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central (REM) . “Con esto, se interrumpe la reducción interanual del gasto en términos reales que se inició en julio del año”, dice el informe.

El trabajo plantea que “por primera vez desde julio de 2022 el gasto se incrementó en términos reales”, mientras que el nivel de ejecución presupuestaria respecto de los créditos autorizados alcanzó el 11,7%, liderado por el Ministerio de Transporte (20,3%) y el Ministerio de Desarrollo Social (16,4%). Los recursos destinados a la Tarjeta Alimentar se incrementaron 104% y los destinados al Potenciar Trabajo un 107%.

En febrero, los servicios económicos, que contienen los subsidios, y los pagos de deuda pública lideraron el incremento interanual, destacándose subsidios al transporte por $41.558 millones. Mientras que los servicios sociales y la administración gubernamental siguen con incrementos por debajo de la inflación.

En tanto, lo que refiere a los programas sociales, la función “Promoción y Asistencia Social” alcanzó una ejecución del 15%, superior al promedio de 11,7%. Dentro de esa clasificación, los recursos destinados al programa Tarjeta Alimentar se incrementaron un 104,1% interanual creciendo en términos reales.

Por su parte el Potenciar Trabajo, a diferencia de lo sucedido hasta diciembre del año pasado donde se percibía una merma real de los recursos para programas sociales, continúa con un aumento real tras un aumento de 107% en febrero y el 113% del pasado enero. Todo esto, a pesar de haber reducido más de 150.000 beneficiarios luego del reempadronamiento y control llevado a cabo por el ministerio conducido por Victoria Tolosa Paz.

En lo referente a Subsidios Energéticos, los mismos tuvieron un devengamiento de $140.300 millones en febrero, luego de que no se hayan registrado transferencias en enero. De esta manera se ejecutó el 8,3% del presupuesto anual, del cual el 95% fue para subsidios a la energía eléctrica de CAMMESA.

El Gobierno tiene comprometido este año reducir el nivel de déficit fiscal al 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI) una meta que luce muy complicada en función de las pérdida de exportaciones que generará la sequía. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) asegura que el ministro Sergio Massa debería renegociar ese objetivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de las reservas. “Se considera, en base a diversas proyecciones, que las exportaciones podrían verse reducidas en unos u$s15.000 millones durante 2023, lo que implicaría una menor recaudación de derechos de exportación por 0,4% del PBI. Esta pérdida de recursos impacta directamente en las arcas del Tesoro Nacional, ya que se trata de un impuesto no coparticipable”, advierte la entidad. El reporte considera que si se agrega la menor recaudación del Impuesto a las Ganancias, las pérdidas llegarán al 0,5% del PBI , lo que equivale a unos u$s4.000 millones.

Fuente: Ámbito